Seamos justos

Todos los españoles tienen grabada a fuego la fecha del 23 de febrero. Tal día como ese, hace 32 años, militares franquistas irrumpían en el Congreso para dar un golpe de Estado que acabaría con la democracia española. El país estuvo al borde del precipicio durante horas hasta que el rey Juan Carlos instó a aquellos que trataban de frenar el progreso a que abandonaran sus planes y dejaran a España continuar “por la senda constitucional”, como años atrás dijera su tatarabuelo Fernando VII. Sin valorar lo que aquello pudo ser, y afortunadamente no fue, ciertas personas llaman golpistas, sin miramientos, a las decenas de miles de personas que se echan a la calle para intentar, no ya recuperar los derechos que les han sido arrebatados, sino defender los que quedan.

En aquel momento, el rey, como jefe supremo del Ejército, era la única persona a la que los golpistas respetarían (petición póstuma de Franco mediante), y fue entonces cuando el rey se retrató como garante de la democracia en España. Es su trabajo, y por ende el de las Fuerzas Armadas, avalar el desarrollo de una democracia justa. Decenas de bomberos se han plantado ante los desahucios, cientos de abogados han manifestado su desacuerdo con las últimas medidas del Ejecutivo en materia judicial, miles de españoles se han manifestado en contra de una política de austeridad omnívora que roza la inconstitucionalidad… es ahora el turno del Ejército de plantarse ante la opresión de un Gobierno que aboga por perdonar a ‘amigos’ corruptos o dejar desprotegidos a miles de ciudadanos ante la tiranía económica. Como se espera de su lema, “todo por la Patria”, donde la patria es sinónimo de nación, seamos justos.

Los puntos sobre las íes

A España lo único que puede sacarla del agujero es un cambio inminente. No han faltado, ni faltan, ni faltarán propuestas paralelas a las que toma nuestro tozudo Gobierno, unas propuestas que algunos expertos vaticinan desoladoras para la economía y la imagen españolas. No hay que hacer un gran esfuerzo para traer a colación un ejemplo: la reforma laboral, que ha sido ‘pan para hoy y hambre para mañana’, pues el plan no sólo no ha disminuido el número de parados, sino que los ha aumentado, tal y como refleja el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Aun con ello, parece ser que, si es con el beneplácito de Bruselas, todo vale. Poco importa ya lo que el ciudadano opine porque, para el Ejecutivo, éste ya ha cumplido con la democracia por los próximos cuatro años. No se puede permitir, por tanto, que un Gobierno, sea del color que sea, haga y deshaga a su antojo, que las cosas se cambien a capricho del partido de turno porque, al haber sido una idea de la oposición, lleva inherente el ser inadecuada, como la ley de Educación, una pieza clave para el futuro de un país que en España se toma demasiado a la ligera.

Dicen de España que es un Estado de derecho, que no es tal por sus situaciones completamente surrealistas. En un país serio, una ministra dimite por haber plagiado su tesis doctoral. Mientras, en España tenemos presuntos corruptos a los se les perdona defraudar a la Hacienda pública varios millones de euros. Allí lo llaman responsabilidad política. España necesita que sus ciudadanos se desperecen y actúen, pues el cambio apremia. España necesita una Segunda Transición que ponga los puntos sobre las íes.

Una estampa vergonzosa

En el Partido Popular son expertos en darle la vuelta a las cosas. Por poner sólo un ejemplo, lo que en un principio iba a ser una comparecencia del presidente de España en el Congreso se convirtió en una sencilla sesión en la sede del partido en la calle Génova. Quizá demasiado sencilla para la gravedad del asunto. Mariano Rajoy debía convencernos de su inocencia en cuanto al cobro de sobresueldos 'en B' por parte del extesorero del PP, Luis Bárcenas, y sin embargo lo único que hizo fue leer su discurso ante el Comité Ejecutivo Nacional y dejar con un palmo de narices a los periodistas allí presentes, y es que últimamente ya no es de extrañar que el Gobierno no conceda ruedas de prensa tras el speech correspondiente. Pero ahora han dado un paso más allá: ni siquiera se ha permitido la presencia física del mandatario en la misma habitación, dejando así una estampa vergonzosa con todos los redactores sentados frente a un televisor tomando notas de las palabras de Rajoy, una estampa que varios medios de comunicación nacionales han recogido en sus páginas no sin cierta incredulidad. Querrían evitar no sólo las quejas en directo, sino también la tentación de que les hicieran alguna pregunta fisgona. En estos tiempos en los que la transparecia del Gobierno se pone en continuo entredicho, ¿por qué no quiso responder a una rueda de preguntas? ¿Tiene algo que esconder? ¿Acaso podría verse en un aprieto si le hicieran alguna pregunta indiscreta?

Es una pena la actuación tanto del Gobierno -por hacerlo- como de los periodistas -por permitirlo-. Ahora más que nunca toma sentido la premisa “sin periodismo no hay democracia”. En cualquier estado de derecho que se precie existe el derecho a informar y a ser informado, pero el Gobierno ha preferido saltarse ambos derechos constitucionales a la torera evitando la comparecencia antes los medios. Quizá para no mostrar aún más signos de flaqueza. O quizá porque les puede salir muy caro que la ciudadanía sepa la verdad.

Arcaísmos

La Corona española flaquea, y es que un asunto turbio tras otro no puede significar nada bueno para el rey y su familia. Desde que se conocen los presuntos quehaceres diarios del señor Urdangarín en el Instituto Nóos, el apego de la opinión pública hacia la Casa Real hay ido decrescendo hasta niveles insospechados, y no es que antes fuera precisamente alto. ¿Qué le queda entonces a la Corona, tras un yerno imputado en un caso de corrupción y una hija que supuestamente no sabía nada de los tejemanejes de su marido, entre otras vivencias "reales"? Iñaki Urdangarín lo tiene cada vez más complejo, y ello atañe directamente a la Familia Real. Para más inri, la reina Beatriz de los Países Bajos ha decidido que es el momento de pasar el testigo a las generaciones venideras, y dar la oportunidad a la Monarquía de refrescarse, lo que ha hecho explotar en España el manido debate sobre la posibilidad de que el rey Juan Carlos haga lo mismo. Pero por mucho que el monarca asegure una y otra vez que está en perfectas condiciones para seguir reinando, lo cierto es que lleva ya un número nada despreciable de operaciones a su espalda para poder mantenerse activo, y salta a la vista que cada vez está más cansado. Quizá sea hora, al menos, de pensárselo.

Asimismo, en un ambiente cada vez más caldeado por la crisis, una crisis no sólo económica, sino también social, política e institucional, muchos son los que reclaman la abolición de una institución decimonónica, y a día de hoy cada vez más innecesaria, que consume más de ocho millones de euros anuales. Nos encontramos ahora como en el 36: discutiendo si “monarquía o república”, como si fueran los únicos sistemas posibles, cuando nuestros vecinos franceses llevan haciéndolo bien más de dos siglos sin el arcaísmo del “reino”. Es una elección trascendental para el futuro de España y, como tal, precisa de una mayor amplitud de miras para no cometer los errores del pasado.