A España
lo único que puede sacarla del agujero es un cambio inminente. No han faltado,
ni faltan, ni faltarán propuestas paralelas a las que toma nuestro tozudo
Gobierno, unas propuestas que algunos expertos vaticinan desoladoras para la
economía y la imagen españolas. No hay que hacer un gran esfuerzo para traer a
colación un ejemplo: la reforma laboral, que ha sido ‘pan para hoy y hambre
para mañana’, pues el plan no sólo no ha disminuido el número de parados, sino
que los ha aumentado, tal y como refleja el último barómetro del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS). Aun con ello, parece ser que, si es con el beneplácito de
Bruselas, todo vale. Poco importa ya lo que el ciudadano opine porque, para el
Ejecutivo, éste ya ha cumplido con la democracia por los próximos cuatro años.
No se puede permitir, por tanto, que un Gobierno, sea del color que sea, haga y
deshaga a su antojo, que las cosas se cambien a capricho del partido de turno
porque, al haber sido una idea de la oposición, lleva inherente el ser
inadecuada, como la ley de Educación, una pieza clave para el futuro de un país
que en España se toma demasiado a la ligera.
Dicen de
España que es un Estado de derecho, que no es tal por sus situaciones completamente
surrealistas. En un país serio, una ministra dimite por haber plagiado su tesis
doctoral. Mientras, en España tenemos presuntos corruptos a los se les perdona defraudar
a la Hacienda pública varios millones de euros. Allí lo llaman responsabilidad
política. España necesita que sus ciudadanos se desperecen y actúen, pues el
cambio apremia. España necesita una Segunda Transición que ponga los puntos
sobre las íes.
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